Recientemente, en marco del Día de la Tierra, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación celebró la puesta en vigor del Acuerdo de Escazú.
El equipo de Punto de foco dialogó con Andrés Nápoli, Abogado, Magister en Derecho Ambiental, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien comentó qué significa y de qué trata el acuerdo.
En principio, vale aclarar que es un instrumento internacional que va a regir para los países de América Latina y Caribe que lo ratifiquen, indicó. En cuanto a los objetivos del mismo tiene varios, entre ellos: garantizar el acceso a la información ambiental: muchas veces solo está en poder del estado; la participación: aquí se debe tener en cuenta el modo y la manera adecuada, es decir no solo anunciarlos, sino instar a audiencias que debaten, se modifiquen y se anulen de ser necesario; posibilidad de acceder a la justicia y la protección a los defensores ambientales: «esta región de América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo» por año ocurren «más de 200 asesinatos» a defensores. En Argentina no ocurre tanto, comentó, pero si tiene «situaciones criticas», por ejemplo, hasta ayer hubo detenidas 12 personas «simplemente por pedir que se cumpla un fallo de la corte» en Andalgalá, Catamarca, explicó Nápoli.
«Lo primero que hace el acuerdo es llamar la atención a los países», afirmó. En este sentido, son los estados nacionales los que tienen que realizar acciones que se dimensionan en 3 etapas: antes una situación crítica, durante y después, dijo el abogado. Es decir, si ocurre un asesinato hay muchas acciones previas que deberían haberse trabajado.
Argentina formó parte de la discusión del acuerdo durante los 3 últimos gobiernos: el de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Siempre su posición fue proactiva, mientras que hubo países que «pusieron muchos palos en la rueda de la negociación», y otros han tenido un rol «increíble»: Chile defendía el acuerdo fervientemente pero con el cambio de gobierno, actualmente, se opone a la firma.
También se refirió al ley de educación ambiental, herramienta «que le parece bien» para llegar a los jóvenes de todo el país a través de la educación formal.
Y por último, en cuando a la reforma de ley de bosque, afirmó que ellos se manifestaron en contra de ella, ya que necesita ser cumplida y no cambiada: «es una norma que ha sido eficiente» lo que carece en muchas provincias es «voluntad de cumplirla».
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